La Comisión Europea ha enviado una Declaración de Objeciones a seis compañías fabricantes de baterías de arranque para automóviles y a una asociación comercial por el caso de un presunto cártel de baterías de automóviles. Entre las empresas acusadas se encuentran Banner, Clarios (anteriormente JC Autobatterie), Exide, FET (y su predecesora Elettra) y Rombat, así como la asociación comercial Eurobat y su proveedor de servicios Kellen. La Comisión sostiene su vista preliminar de que estas compañías han violado las normas antimonopolio de la Unión Europea al coludir para aumentar los precios de las baterías de arranque vendidas a fabricantes de automóviles en el Área Económica Europea (‘EEA’).
Durante el periodo comprendido entre 2004 y 2017, la Comisión sospecha que los fabricantes de baterías de arranque crearon, publicaron y acordaron utilizar nuevos índices en sus negociaciones de precios con los fabricantes de automóviles, conocido como el ‘Sistema de Prima Eurobat’. La presunta conducta tenía como objetivo fijar un elemento crucial en el precio final de las baterías. Además, la Comisión está preocupada por la participación de Eurobat y su proveedor de servicios Kellen, alegando que estaban al tanto y contribuyeron activamente al ayudar a los fabricantes de baterías a implementar el sistema de prima Eurobat.
La Comisión, en su vista preliminar, considera que este comportamiento infringiría el Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (‘TFEU’) y el Artículo 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, que prohíben los cárteles y otras prácticas empresariales restrictivas. Es importante señalar que el envío de una Declaración de Objeciones no predice el resultado final de la investigación.
Esta acusación es parte de una serie de investigaciones de la Comisión Europea sobre cárteles en el sector de la automoción. En el pasado, la Comisión impuso multas a proveedores de rodamientos de la automoción, arneses de cables en automóviles, espuma flexible utilizada en asientos de automóviles, entre otros. Empresas y asociaciones se enfrentarían a multas de hasta el 10% de su facturación mundial anual si se confirma la infracción. El proceso de investigación no tiene un plazo legal establecido y su duración dependerá de varios factores, incluida la complejidad del caso y la cooperación de las empresas involucradas.
