El documento, elaborado por Patrice Mihailov, abogado especializado en derecho de la competencia, pone de manifiesto que el actual marco jurídico genérico, sin pautas concretas para el mercado del automóvil, desregulado, perjudica los intereses de los consumidores y de los agentes y servicios oficiales al propiciar un claro desequilibrio en la relación entre las marcas fabricantes de los vehículos y las empresas que los distribuyen y reparan. Según este análisis, la actual desregulación puede propiciar el control por parte de los fabricantes de la venta de coches nuevos y de ocasión, de la distribución de recambios y del alquiler y financiación de los vehículos, comprometiendo la viabilidad económica de los agentes y servicios oficiales, el mantenimiento de miles de empleos y limitando la capacidad de elección de los consumidores.
“La Comisión Europea tiene el deber de garantizar el juego normal de la competencia y para ello es necesario renovar el actual contexto jurídico, estableciendo nuevas normas en el marco del reglamento de exención de los acuerdos de distribución de automóviles”, subraya el informe.
En la actualidad, los fabricantes de vehículos están reorganizando sus redes de distribución de vehículos para hacer frente a las exigencias de la transición ecológica que imponen los objetivos europeos de descarbonización. En ese contexto, el habitual y mayoritario modelo de distribución exclusiva y luego selectiva parece insuficiente para hacer frente a los desafíos de esa transición y algunos fabricantes optan por una ruptura hacia otros modelos que, desde el punto de vista de CEGAA (a la que pertenece FAGENAUTO) y con la desregulación existente, representan una amenaza para los agentes y servicios oficiales, para la viabilidad de sus empresas y la de los empleos que generan.
Según las conclusiones del informe elaborado por Mihailov en el sector del automóvil el marco jurídico de la distribución es “inexistente o, en el mejor de los casos, ineficaz”, una situación que facilita el control por parte de los fabricantes de cada vez más ámbitos de la oferta de productos y servicios al consumidor final, reduciéndola. A juicio del abogado de CEGAA, es preciso que Bruselas establezca normas que contribuyan a flexibilizar el mercado y propicien que los agentes y servicios oficiales puedan competir con más y mejores ofertas de producto y servicio. “Es imperativo restablecer la autonomía de los agentes y servicios oficiales, socios de los fabricantes, reequilibrando la relación entre ambas partes y suprimiendo las limitaciones que reducen la competencia”, como la “exclusividad, que tiende a generalizarse”, señala Mihailov.
Entre las cuestiones más lesivas para los agentes y servicios oficiales del nuevo modelo de distribución con el que algunos fabricantes quieren reorganizar sus redes se encuentra el del acceso al dato del cliente. Desde CEGAA se aboga por “presenvar la integridad de la propiedad comercial” de los agentes y servicios oficiales “garantizando la protección de la información que está en el centro de su actividad”, especialmente de los “datos de los clientes que deben permanecer bajo el control de quienes los producen”.
En palabras de Mihailov: “El funcionamiento de un mercado desregulado no ha permitido ni permite satisfacer las necesidades del consumidor. En la actualidad, el encarecimiento de precios que anticipa la aplicación del nuevo modelo de distribución impulsado por los fabricantes, que se acentuará con el coste adicional de la electrificación, privará del acceso a la movilidad a personas que hasta ahora podían disponer de uno o incluso de varios vehículos”.
