CETRAA, CONEPA, GANVAM y FAGENAUTO, en representación de los talleres de reparación nacionales, denunciaron ante el Parlamento Europeo el pasado mes de marzo al Estado español por incumplir cuatro Directivas comunitarias y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) que estarían facilitando las malas prácticas de las aseguradoras y el importante desequilibrio existente en la relación que ocasiona graves perjuicios económicos a los talleres. Ahora, dicha denuncia ha sido admitida a trámite, por lo que las cuatro asociaciones han lanzado una campaña de recogida de firmas de apoyo a la iniciativa.
Desde CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO y GANVAM recalcan lo importante que es obtener en este momento el respaldo de los talleres. Por ello, se ha creado una página que describe el sencillo procedimiento que se ha de seguir para sumarse de manera online a la denuncia.
Con esta denuncia, las cuatro asociaciones solicitan que el Parlamento Europeo se posicione sobre el citado incumplimiento que sustenta las malas prácticas y se obtenga una solución que, basada en el respeto al marco jurídico comunitario, termine con la desequilibrada relación actual de talleres y aseguradoras, dando origen a un marco más equitativo.
El origen de la denuncia
Las actuaciones de las aseguradoras incluyen agravios como la fijación de los precios hora sin respetar aquellos establecidos por el taller ni el importe a abonar por el siniestro y sin que a los talleres se les reconozcan todas las horas de trabajo que invierten en las reparaciones.
Por otra parte, los baremos confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras son empleados para que los peritos tasen el tiempo y coste de los materiales de las reparaciones que deben asumir, actuando en detrimento del taller, ya que el baremo no tiene por qué ajustarse al tratamiento de la reparación de cada taller ni a su estructura empresarial.
Además, Los denunciantes señalan que en España puede producirse una colusión tácita entre aseguradoras, a tenor de la tendencia a la bajada de sus precios, que no ha ocurrido en otros Estados, así como a la determinación de precios de la reparación a través de llos convenios CIDE y ASCIDE.
Asimismo, la dependencia económica de los peritos no permite garantizar que actúen con estricta objetividad a la hora de evaluar los daños y fijar el precio/hora de la reparación por lo que se sugiere resolver el problema creando un órgano supervisor que designe a los peritos de forma independiente y ante el cual se reclamen las malas prácticas.
No olvidemos también la práctica de las aseguradoras que imponen a los talleres los proveedores de recambios o el tipo de recambio a instalar imponiendo determinadas exigencias que imposibilitan velar por la eficiencia y óptima calidad de la prestación de servicios que proporcionan los talleres de reparación.
Por último, algunas compañías aseguradoras comercializan pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, viéndose obligados a repararlo en un número limitado de empresas sin que otros talleres puedan adherirse a este tipo de acuerdos, restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor.
En esa misma línea, las asociaciones denuncian que algunas entidades, una vez ocurrido el siniestro, apremian al cliente para que lleve su vehículo a determinados talleres seleccionados, distorsionando el mercado al limitar y restringir la libre elección de taller por el consumidor, vulnerando el principio de igualdad y aprovechando el desconocimiento del asegurado.
Por todo ello, y considerando el impacto de estas prácticas en el negocio de los talleres de reparación, las cuatro instituciones quieren impulsar el alcance de la denuncia con la puesta en marcha de esta campaña de apoyo esperando recabar el máximo número de adhesiones.
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