El Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes Generales el “Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible” en su reunión del 12 de febrero de 2024. Se inicia ahora la tramitación parlamentaria del texto, por la vía de urgencia, con el fin de que la ley pueda aprobarse antes de que termine el año, dando cumplimiento así a lo comprometido con la Comisión Europea en cumplimiento de los hitos y objetivos de la adenda al Plan de Recuperación, una Ley tendría que haber entrado en vigor el año pasado, pero quedó en suspenso por el adelanto electoral.
En la nueva norma, por ejemplo, ya no aparece la posibilidad de poner en marcha sistemas de pago en las autovías, dado el compromiso del Gobierno con la CE de potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril en un 10% (hoy es del 4%), lo que supondría una reducción de camiones en circulación.
Ciudades con menos emisiones
Otro de los ejes de la norma, según el Ministro de Transportes, Óscar Puente, es pasar de la ciudad de los coches a la ciudad de las personas, para el «fomento de la ciudad de proximidad», término que alude al concepto de las “ciudades de 15 minutos”.
La norma apunta que las administraciones tendrán que promover un reparto equilibrado del espacio urbano «entre la movilidad motorizada y no motorizada» y avanzar en una «extensión generalizada del ‘calmado del tráfico’ en las vías urbanas».
Esa orientación ecológica para las ciudades hacia la reducción del tráfico ya se incorporaba en la Ley del Cambio Climático y Transición Energética de 2021, con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que se contemplan como un ámbito delimitado por una “administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente” para localidades con más de 50.000 habitantes (149, más del 50% de la población española). Esta implantación, muy criticada por colectivos de la posventa, supone que tengamos ciudades que tienen ya ZBE implantadas como Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, A Coruña, Sevilla, Badalona, Rivas-Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, Valencia y Sant Joan Despí; pero, ahora mismo, hay en todo el territorio nacional hasta 119 ZBE en trámite, fuera del plazo que recoge la Ley (1 de enero de 2023) y hay, así mismo, hasta 29 Zonas de Bajas Emisiones que todavía ni siquiera han empezado a tramitar su implantación y que se exponen a la retirada de los fondos europeos.
Peajes en las ciudades
En la nueva norma, el Gobierno crea un marco legal (aunque no una obligatoriedad) para que sean los propios Ayuntamientos los que puedan justificar legalmente el cobro de peajes por circular por sus calles a vehículos que “superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones”.
Esas tasas (que se ven en ciudades europeas, y establecen franjas horarias como en Londres, con su ‘Congestion Charge’, Estocolmo o Milán) depende, pues, de los consistorios y de las etiquetas de los vehículos, y buscarían gravar el uso del vehículo privado para reducir la congestión (podría llegar a ser de entre un 30 al 50% en horas punta) y bajar las emisiones de CO2 (en más de un 15%), mejorando la eficiencia del transporte público.
Planes de movilidad en grandes empresas
Otra medida recogida en la norma es que las empresas cuenten con un Plan de Movilidad Sostenible «en el plazo de 24 meses» desde la entrada en vigor de la ley. Las empresas afectadas serán las que cuenten con más de 500 trabajadores «o 250 por turno” y los planes podrían incluir medidas como «el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, el teletrabajo en los casos en que sea posible, la movilidad de cero emisiones y soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa«. Además de contar con un plan, las empresas deberán elaborar un informe de seguimiento sobre el nivel de implantación del mismo, que deberán repetir bienalmente.
